Sep 25, 2020 | Destacados, Editoriales, Principal
La esencia democrática de un país se pone de manifiesto cuando, en un marco de tolerancia y respeto, asume sus diferencias, manifestaciones y expresiones. Es así que, colectivamente, integra y nutre su diversidad.
Desde esa perspectiva, la Marcha por la Diversidad que se realiza desde principios de los años 90 implica —como afirma su Coordinadora— «un elogio a la libertad, a las diferencias, a la multiplicidad, una visibilización festiva de una sociedad variada en clave de alegría y de respeto».
Y también es un ícono de la lucha contra todo tipo de discriminación, que afronta el inmenso desafío de propiciar un cambio cultural en el conjunto de la sociedad, en el cual los avances en materia de derechos sean entendidos y compartidos por toda la población.
Esta marcha llega en un momento muy especial del país, cuando asistimos al resurgimiento de un discurso conservador con mensajes llenos de prejuicios y discriminación. Ellos cuestionan la agenda de derechos impulsada por el movimiento social, y alientan el resurgimiento de un clima de odio en diversos sectores de la sociedad.
Las agendas de derechos —que incorporaron el concepto de inclusión social a las políticas públicas y propiciaron el enfrentamiento a toda forma de discriminación— hoy están siendo cuestionadas. Ello es debido tanto a la incomprensión de su valor para la evolución de la sociedad, como por la acción decidida del poder hegemónico que busca desterrarla para mantener el status quo.
Estamos en un tiempo en el que al retroceso del mensaje cultural se le suman decisiones de Gobierno, destinadas a desmantelar los programas que igualaban los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad o pobreza. Se imponen restricciones presupuestales a la aplicación de leyes que fueron impulsadas por los colectivos sociales. Se posterga el control y la ejecución de las políticas públicas que, aun contando con un marco legal, otorgan derechos que el Estado debe preservar más allá de la condición de cada individuo.
Son tiempos de juntar fuerzas para defender derechos conquistados y de enfrentar su desarticulación o invalidación por parte del Estado. Pero también es un tiempo para seguir construyendo a partir de un debate cultural profundo con toda la sociedad, dirigido a erradicar toda forma de discriminación.
Muy especialmente se trata de sensibilizar y denunciar que esta situación se agrava en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Los discapacitados de un barrio periférico, las personas LGTBI de un pueblo pequeño del interior del país, quienes duermen en la calle, las personas trans que habitan en un asentamiento sufren el impacto más profundo e hiriente de la discriminación. Por ello es imperiosa en esos lugares y circunstancias la intervención del Estado para proteger, preservar derechos y equiparar oportunidades.
Esta Marcha de la Diversidad es una instancia de celebración, pero también de lucha. Especialmente esto último, porque no se ha presentado hasta el momento ninguna orientación política en materia de diversidad sexual. Con ello no solo queda demostrando claramente que este no es un punto prioritario en la agenda de gobierno, sino que también muchos avances recientes corren el riesgo de ser menoscabados. Apoyada en una supuesta tendencia «provida», la coalición de gobierno retoma los cuestionamientos al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Este impulso regresivo se evidencia en la falta de recursos dispuestos en el Presupuesto para aplicar la Ley de Violencia de Género, o en la lenta implementación de algunas disposiciones de la Ley Integral para Personas Trans. También, como herramientas de una desarticulación de conquistas, se suman las restricciones presupuestales que afectan áreas particularmente sensibles para la atención de la discapacidad, la inclusión y la igualdad en los ámbitos de la educación y la salud públicas.
Nuestra lucha contra todos estos retrocesos deberá también sumar el rechazo a los avances represivos que implica la LUC sobre las libertades de expresión, manifestación y protesta. Deberemos además reclamar por la falta de políticas públicas de atención a las urgencias de los sectores más vulnerables, denunciar que la violencia doméstica acrecentada durante la pandemia no es un mero daño colateral, y decir basta a la explotación de niñas y adolescentes y la desaparición de jóvenes y mujeres.
Reconociendo los avances alcanzados, hoy reafirmamos nuestra decisión de defenderlos y profundizarlos. Y nada mejor para hacerlo que seguir avanzando en la construcción de una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, que son las bases sobre las que se construye la ciudadanía. Porque toda expresión de discriminación crea una limitante para nuestra integración social y condiciona nuestro carácter de ciudadanos. Tanto sea por la marginación provocada, por la limitación del acceso a condiciones de vida apropiadas o por la exclusión y postergación en cualquiera de los ámbitos de la vida.
La del viernes 25 es una marcha que, desde la diversidad de las organizaciones que la convocan, aporta una visión amplia de los desafíos que debemos enfrentar como sociedad. En esa medida promueve avances en el debate público y tiende a alcanzar consensos en la sociedad sobre la pertinencia de desterrar toda forma de discriminación y sus consecuencias.
Es también una jornada dirigida a impulsar un proceso de empoderamiento de los miembros de la sociedad en una lucha organizada, consciente y decidida por la conquista de derechos y mejores condiciones de vida.
Una convocatoria a reconocernos en toda nuestra diversidad física, sexual, étnica, cultural y social para, desde esa perspectiva, complementarnos en la tarea de construir una sociedad fraterna, justa y solidaria. Un abrazo en nuestra diversidad que, tiñendo las calles de colores, le recuerda al mundo que del odio y la violencia solo se construyen el miedo, el rechazo y la ignorancia.
Porque lo que nos llena de orgullo es luchar.
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Sep 18, 2020 | Destacados, Editoriales
Entre los elementos aprobados en la Ley de Urgente Consideración, se incluyó la creación de una comisión de expertos con el cometido de asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboración de un proyecto de reforma de la seguridad social.
Supeditada a algunas designaciones pendientes, su instalación habilitará un proceso de diagnóstico y propuesta que el Gobierno pretende desarrollar en el menor plazo posible, a fin de contar con un nuevo marco legal a fines de 2021.
La mayoría de los países enfrentan problemas sistémicos en la materia, ya sea por el envejecimiento de sus poblaciones, por la ineficiencia de sus regímenes previsionales o por las escasas condiciones existentes para generar ahorros a lo largo de la vida laboral.
Mientras que en algunos países de América Latina comienzan a cuestionarse los sistemas de capitalización individual y a reinstalarse o fortalecerse los sistemas de reparto o acumulación colectiva, el inicio del debate en Uruguay parece plantear una profundización del régimen actual.
Aunque aún no se cuenta con un diagnóstico del sistema, algunos de los integrantes más destacados de la comisión de expertos ya comenzaron una ofensiva mediática. Con ella pretenden establecer sus conceptos ideológicos y las orientaciones con que aspiran a dirigir los ejes de reforma, a la vez que incluyen algunos aspectos tendenciosos destinados a justificar un nuevo deterioro de los derechos previsionales de los trabajadores.
Los mismos actores que tuvieron un papel fundamental en la elaboración de la última reforma estructural vuelven para impulsar una segunda fase, sin siquiera detenerse a reconocer el fracaso que la primera ha significado. A tal extremo que insisten en una nueva reforma cuando recién se están asumiendo las obligaciones generadas por la anterior, la que objetivamente está muy distante de las soluciones prometidas.
Sin intentar en esta etapa avanzar en profundidad sobre aspectos concretos, consideramos necesario incluir una mirada crítica sobre las primeras señales presentadas por la anunciada reforma. Se argumenta que la solución al problema de la sustentabilidad del sistema se daría mediante una nueva fase de endurecimiento de las exigencias en años trabajados y edad de retiro. A la vez se propone profundizar el pilar del ahorro individual para las futuras prestaciones.
Por ello resulta imprescindible enfrentar una reforma estructural de este tipo y reclamar que se incluya en su análisis el conjunto de factores que conforman el sistema, y particularmente que todos los sectores involucrados participen en la construcción de un nuevo equilibrio.
No existen hasta el momento, más allá de lo discursivo, señales claras de un serio tratamiento de las sobredemandas sistémicas de asistencia financiera a cargo del Estado y, en particular, de las derivadas de los servicios de retiros militar y policial donde estas se concentran.
Hasta ahora las señales de reforma solo se limitan al propósito de disminuir a futuro el nivel del gasto público en seguridad social, por el camino de menores prestaciones y recorte de derechos, excluyendo completamente todo análisis sobre los ingresos del sistema.
Por ello resulta cuestionable que desde el inicio del debate ya se proponga una reducción del monto de la jubilación inicial, a partir del ajuste de los parámetros más relevantes, como la rebaja de la tasa de reemplazo y la ampliación de los años de servicio para su cálculo.
Una reforma que busque seriamente asumir el desafío de preservar las condiciones de vida de su gente deberá incluir como primer punto en consideración el componente de los ingresos del sistema, para luego abordar con equilibrio la estructura de egresos.
En este sentido, en forma previa a discutir la rebaja de las prestaciones, corresponde plantearse el cómputo sistémico de los aportes personales y patronales por la totalidad de los ingresos salariales, abandonando los topes de aportación que sólo benefician a los salarios más altos. Más allá de su positivo impacto financiero, esta definición permitirá generar una contribución equitativa.
Asimismo, cabe cuestionarse si los actuales niveles de aportes patronales en el sector privado deben quedar por fuera de la discusión destinada a dar equilibrio al sistema. Si bien ellos pueden ser onerosos para los sectores productivos más débiles, su incidencia en la productividad y los ingresos de los sectores más dinámicos resulta pequeña. Una diferenciación sectorial o por niveles de ingresos brutos puede llegar a ser parte de la revisión del sistema.
El país se debe una reflexión más amplia sobre el factor ingresos, que incluya también la posibilidad de avanzar en forma tendencial hacia la desgravación del trabajo y al desarrollo de fuentes de ingresos asociados a la productividad o el desempeño económico de las empresas. De esta forma se potenciaría la generación de empleo al tiempo que se estabilizaría el sistema general frente a las tendencias de cambios en el mercado de trabajo.
Si observamos cómo los avances tecnológicos van generando mayores niveles de productividad y rentabilidad sin que ello impacte favorablemente en el empleo, deberíamos plantearnos claramente asociar el ingreso de la seguridad social a la riqueza generada por el trabajo, más que a los salarios o la cantidad de trabajadores.
El establecimiento de fuentes de recursos independientes de las contribuciones salariales, también permitiría priorizar la protección social a través de prestaciones de carácter universal en la etapa de retiro, con independencia de las capacidades contributivas de los beneficiarios.
Pero la orientación de los asesores elegidos por el Gobierno no solo busca deteriorar la suficiencia de las prestaciones, sino que también promueve el incremento de la incertidumbre. Una incertidumbre basada en la profundización de los componentes del ahorro individual, ya se haga esto por la expansión del mercado de las AFAP como a partir de la generación de nuevos instrumentos de capitalización individual.
La experiencia de estos años solo ha favorecido a las administradoras de fondos, que se han asegurado sus ingresos mediante comisiones y trasladado a las compañías de seguros el riesgo de las prestaciones. Un riesgo asumido en exclusividad por el Banco de Seguros del Estado, hecho que confirma la debilidad del sistema generado.
Para encarar seriamente la reforma debería retomarse en la discusión el fortalecimiento de un sistema solidario de reparto. Este podría potenciarse con mecanismos complementarios de capitalización colectiva en fondos públicamente administrados que generen beneficios definidos.
Seguramente, en los próximos meses participaremos en un debate profundo en materia de seguridad social, y dependerá de los actores sociales y la población en general asumirlo, evitando la lógica de reducción antes aludida.
De lo contrario, la política del achique solo tendrá un resultado determinante para la inmensa mayoría de la población: trabajar hasta la vejez y morir en la miseria.
Sep 15, 2020 | Editoriales
Con la reciente presentación del proyecto de ley de presupuesto nacional para el quinquenio se inicia un debate fundamental para tramitar esta pieza clave del programa económico y social del Gobierno. Cada cámara deberá pronunciarse dentro de un término de cuarenta y cinco días y contará con un breve plazo adicional para procesar las modificaciones que surjan del debate parlamentario.
El presupuesto es el instrumento fundamental para el diseño de las políticas públicas, la gestión del Estado y la determinación del contenido y orientación del gasto y la inversión pública. Es la norma que determina cómo se distribuyen los recursos, de cuyo reparto dependerá el avance o el deterioro del bienestar social.
En este plan de acción del Gobierno se establecen los gastos que asumirá, los proyectos que impulsará y las fuentes de los recursos requeridos para financiar sus objetivos. En nuestro país, dada la importante presencia del Estado tanto en los servicios que brinda como en las prestaciones y salarios que de él dependen, el presupuesto es determinante en el funcionamiento de la sociedad y la calidad de vida de su población.
Editorial de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
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