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Colombia: se lanzó plataforma para investigar desapariciones por parte de la Policía

Colombia: se lanzó plataforma para investigar desapariciones por parte de la Policía

Colombia lleva más de un mes de protestas. El descontento social estalló a raíz de una reforma tributaria del presidente Iván Duque, que pretendía subir los impuestos a las mayorías en plena pandemia. Las protestas se caracterizan por su masividad, por su espontaneidad, y por no estar convocadas por un partido u organización en particular. Si bien la reforma tributaria fue retirada por el presidente al cuarto día de protestas, no hay dudas de que el descontento tiene un trasfondo más profundo y generalizado.

Pero para hablar del contexto actual en Colombia es necesario hablar de la represión y el uso de la fuerza por parte del Estado que está dejando miles de víctimas de todo tipo. Para tener una referencia, podríamos nombrar por ejemplo la represión que fue muy condenada local e internacionalmente en las protestas en Chile durante el estallido social entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Son casi 40 muertos, entre los miles de heridos, por responsabilidad de carabineros. En Colombia, a apenas un mes, los muertos ascienden a 43; son miles los heridos y quienes han sido detenidos de forma arbitraria, 46 son las víctimas de agresiones oculares y 27 las agresiones sexuales y de violencia basada en género. 

Estos datos surgen del último informe de Temblores de Colombia, una organización surgida en 2016, tras la firma del Acuerdo de Paz, entre el Estado colombiano y las FARC, con el objetivo de hacer un seguimiento al ejercicio abusivo de la fuerza policial pero también “acompañar procesos” colectivos locales de poblaciones habitualmente “marginadas por el Estado como pueden ser los usuarios de drogas, las trabajadoras sexuales, los jóvenes en general”. Así lo explicó Camilo Mendoza, investigador del Observatorio de Violencia Policial de Temblores.

En este momento, en la coyuntura del Paro Nacional, según explicó Mendoza, la labor de Temblores está enfocada en dos aspectos, que se complementan. Por un lado, “el registro y la verificación de casos de violencia y abuso policial” a través de la plataforma Grita, donde se recolecta la información que posteriormente pasa por un proceso de verificación; y por otro lado, se brinda acompañamiento jurídico a través de la clínica Policarpa, llevada adelante por la organización. Mendoza dijo que “constantemente” están recibiendo denuncias sobre el accionar “por parte de la policía y otras unidades de la fuerza pública”

Un dato muy llamativo del accionar de las fuerzas del Estado colombiano en este contexto de protestas son las desapariciones. Personas que fueron vistas por última vez siendo detenidas por la policía, cuyas desapariciones son denunciadas por los allegados en organizaciones debido a que el Estado no acusa recibo. Por un lado la Fiscalía colombiana anunció que las autoridades buscan a “129 personas que fueron reportadas como desaparecidas durante las protestas de las últimas semanas”. Por su parte, la ONG Indepaz, maneja un listado de nombres de “346 personas que han sido resportadas” sólo a esa organización. Sin embargo, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de Colombia, afirmó ante la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington, EEUU (WOLA por su sigla en inglés) que en el país sólo había un reporte de una persona desaparecida en las protestas de este año, según consignó DW

Estas señales por parte del gobierno llevan a las organizaciones especializadas en Derechos Humanos a redoblar sus esfuerzos por dar cuenta de lo que está sucediendo. Este viernes fue lanzada la plataforma Bida por parte de la ONG Temblores para “registrar y realizar un seguimiento a todas esas denuncias por desaparición”, según explicó Mendoza a Radio Camacuá.

Mendoza explicó que “la recolección de la información sobre los casos de desapariciones es muy complicada” y “muy difícil de verificar”. Por eso lanzaron esta plataforma, porque han “recibido muchas denuncias de personas que fueron vistas por última vez en manos de la fuerza pública, en custodia del Estado”, que esperan “que aparezca viva y que garanticen sus derechos en todo momento. Sí hemos visto en general las violaciones a los DDHH por parte de la fuerza pública están articuladas en prácticas sistemáticas y estructurales del mismo funcionamiento”. Por ello también desde Temblores “se reclama hace años una reforma estructural de la Policía Nacional”. La organización reclama, entre otras cosas, que la Policía salga de la órbita del Ministerio de Defensa, donde se encuentra actualmente y formación en DDHH para los funcionarios policiales.

Otro problema que señalan desde la organización tiene que ver con “la estigmatización a la protesta social por parte del Estado y por parte de los medios de comunicación  tradicionales” que “termina legitimando ese accionar violento de la fuerza pública hacia quienes ejercen su derecho legítimo a la protesta”. Mendoza afirma que “existe una narrativa y un discurso oficial que tilda a las personas que se manifiestan de ‘vándalos’ o de ‘terroristas’ y se ha visto que eso legitima de alguna forma la violencia policial”.

Pero para el gobierno de Iván Duque esto no parece una preocupación. Por el contrario, en 2020, en pleno auge de contagios por Covid 19, la policía anunció que había comprado unas tanquetas y, según cuenta Mendoza, han visto que “hay una innovación en el armamento, han adquirido un armamento que se llama Venom, que permite lanzar proyectiles de aturdidoras o de gases lacrimógenos de una forma muy repetida; organizaciones como Human Right Watch han dicho que ese tipo de armamento nunca se había visto en América Latina para controlar protestas y movilizaciones sociales”. Si bien lo anuncian como un armamento de “letalidad reducida”, según Mendoza “generó un gran rechazo porque fue una compra en un momento en el que el gobierno decía que no tenía recursos para atender la crisis social derivada de la pandemia, pero sí había recursos para reprimir las protestas”

La ciudad de Cali es el lugar donde se registra el mayor número de denuncias de abuso policial. Desde allí se ha denunciado que al caer la noche barrios enteros quedan sin servicios de luz, alumbrado público o internet. Consultado al respecto, Mendoza entiende que “es una información que se debe verificar”, que se “exige que el Estado esclarezca lo que está pasando en ese sentido, porque gran parte de las denuncias las recibimos a través de redes sociales, denuncias ciudadanas, que requieren de esos servicios para poder hacer y el hecho de que de que exista la simple denuncia de que la gente no está pudiendo hacer eso es preocupante y es alarmante, porque además de estarse vulnerando los DDHH en las calles, el simple hecho de que tampoco se puedan denunciar esas violaciones es aun más grave y es muy preocupante para nosotros”.

Con respecto al futuro, Mendoza nos explica que la situación “es muy compleja” porque hay “muchos sectores y muchas exigencias en juego” y si bien en un inicio la protesta estaba centrada en el rechazo a la reforma tributaria propuesta por el gobierno, “lo que realmente pasa es que el paro recoge un montón de descontentos y exigencias de un montón de sectores sociales que están cansados de este mal gobierno y de la falta de garantías para la vida por parte del Estado a través de diferentes políticas, que uno podría llamar políticas de la muerte”. Esas exigencias giran entorno por ejemplo a “la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC, el posicionamiento en contra del asesinato de líderes sociales, ambientales, defensores de DDHH por parte de fuerzas oscuras, grupos armados en los territorios” entre otros asuntos, como “el de los cultivos ilegales con glifosato, que están trayendo muchísimos problemas sociales y de salud” en algunas localidades o experimentaciones con fracking. “Uno podría agrupar estos reclamos en la defensa de la vida y de las garantías de los derechos de la gente (…) Para la mayoría de las personas aquí en Colombia el Covid no es el principal de sus problemas, sino la falta de empleo, de oportunidades, de acceso a salud y vivienda dignas, un montón de problemáticas sociales, la gente ya está cansada de tantos años de abuso y de indiferencia del Estado”.

No hay garantías para negociar.

Sin acuerdo concluyó este fin de semana una nueva instancia de negociación entre el gobierno de Iván Duque y el Comité Nacional por el Paro, que nuclea a varias organizaciones que están movilizadas. El gobierno pone como condición que se levanten las protestas mientras que las organizaciones reclaman garantías para la libertad de expresión y respeto a las movilizaciones.

Este viernes Duque dispuso “el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional” en Cali, epicentro de las protestas y en todo el Valle del Cauca, departamento donde está esa ciudad, como respuesta a las manifestaciones.

En un comunicado del día de ayer, domingo, el Comité Nacional por el Paro anunció que las movilizaciones continuarán y denunciaron que el gobierno “bloquea la negociación” con “militarización y violencia”.

Para Familiares, hallazgos del Ministerio de Defensa confirman una vez más que «los archivos existen»

Para Familiares, hallazgos del Ministerio de Defensa confirman una vez más que «los archivos existen»

Funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) encontraron en el Grupo de Artillería 5 de Montevideo archivos de inteligencia y operativos militares previos y posteriores al golpe de Estado de 1973, según divulgó el diario El País este domingo.

Se trata de cinco libros y dos carpetas en los que se registran órdenes del Servicio de Información y Defensa (SID) y el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). La unidad militar dónde fueron encontrados estos documentos funcionó como centro clandestino de detención y tortura de presos políticos entre 1972 y 1973.

Ignacio Errandonea, de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, dijo a Radio Camacuá que se confirma nuevamente algo que vienen afirmando hace muchos años, «que los archivos existen, que están guardados y los mantienen ocultos, es una nueva prueba de que los archivos existen».

Familiares se reunirá esta noche para definir de qué manera solicitará al MDN la información encontrada, luego de que se refute lo dicho por «todos los comandantes en jefe de las FFAA que no tenían más información». Con respecto al destino de la documentación encontrada, Errandonea explicó que hasta el período pasado de gobierno, iban a la Secretaría de DDHH para el Pasado Reciente. Actualmente la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) tiene una copia de gran parte de esos archivos «, al igual que Familiares.

 

 

Familiares condenó impunidad en los Tribunales Militares

Familiares condenó impunidad en los Tribunales Militares

Este viernes Madres y Familiares dieron una conferencia de prensa en el marco del Dìa Internacional del Detenido Desaparecido que se conmemora este 30 de agosto. En la conferencia se refirieron a las «brutales confesiones” que surgen de las actas del Tribunal Militar de 2006, a las que se ha accedido a través de una solicitud de acceso a la información pública.

Integrantes de Madres y Familiares exhortaron a los legisladores de todos los partidos a votar el desafuero del ex Comandante de las FFAA -hoy senador- Guido Manini Ríos para que pueda presentarse ante la Justicia que investiga si omitió información a sus superiores sobre el asesinato de Roberto Gomensoro Josman. El ex teniente coronel José Nino Gavazzo declaró a instancias de un Tribunal de Honor haber tirado el cadáver de Roberto Gomensoro Josman al río Negro.

 

[FOTO: Caras y Caretas]

Con gran espectáculo musical se inaugura este jueves la plaza Luisa Cuesta

Con gran espectáculo musical se inaugura este jueves la plaza Luisa Cuesta

En La Trama hablamos con Diego Olivera, militante de AEBU y integrante de la comisión vecinal que se propuso recuperar el espacio baldío al lado de una cooperativa de viviendas en Lima y Francisco Acuña de Figueroa para hacer una plaza que hoy es una realidad y popularmente se la conoce como «Plaza Luisa Cuesta».

Si bien la normativa en Montevideo no permite incluir en el nomenclátor del departamento a personas que han fallecido hace menos de diez años, con la excepción de cinco, popularmente la plaza ha sido nombrada en homenaje a una de las referentes de la lucha por verdad y justicia en Uruguay, con el apoyo de la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en Uruguay, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM).

Este jueves, a partir de las 19.00, se dará inauguración oficial a la plaza, donde se encontrarán vecinos y vecinas de La Aguada, el alcalde del Municipio B, Carlos Varela e integrantes de organizaciones que apoyan la iniciativa. La jornada abrirá con Ras Shanti, banda de la zona, y seguirá con Pa Entrar en Calor, Agarrate Catalina y Metele que son pasteles. 

Uruguay tendrá su primer Archivo Oral de la Memoria

Uruguay tendrá su primer Archivo Oral de la Memoria

Este jueves el Museo de la Memoria presenta el primer Archivo Oral de la Memoria de Uruguay. En La Trama hablamos con Ana Sosa, coordinadora del archivo y Gimena Ouviña, quien realiza entrevistas en el marco de este proyecto.

Durante tres años de trabajo se generaron más de cien testimonios en registro audiovisual de personas que de alguna manera se vieron afectadas por el terrorismo de Estado.

El Museo de la Memoria, a través de su Archivo Oral de la Memoria promueve el acceso a éstos testimonios, los cuales forman parte del pasado reciente de Uruguay y su identidad.

La presentación será este jueves 12, a las 18.30, en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo.