El capítulo 2 de los anexos que incluye el documento programático de AEBU, que está siendo presentado a los candidatos presidenciables para las próximas elecciones nacionales, trata sobre protección de los usuarios y educación financiera, dos temas íntimamente ligados y de suma importancia para el sistema.

Ambos temas se desprenden de un proceso que se viene desarrollando hace tiempo y que últimamente, en particular a partir de la pandemia, se ha acelerado exponencialmente: el avance de la tecnología y la digitalización de la banca. Más allá de las notorias virtudes y beneficios que esto trae para los clientes, en términos de comodidad y rapidez, por ejemplo, también es importante atender los riesgos que puede traer aparejados.

Uno de los principales riesgos es el de los ciberataques. Durante el 2023, Uruguay sufrió la impresionante cifra de 670 millones de intentos de ciberataques. Y no solo es un problema la cantidad de estos delitos, sino también la calidad, ya que cada vez son más sofisticados y dejan menos rastros.

Estos nuevos riesgos se vieron materializados lógicamente en un incremento en los reclamos. El informe estadístico del Servicio de Atención al Consumidor de 2023, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, muestra cómo los servicios financieros tienen el tercer puesto en la cantidad de atenciones.

Además, las denuncias recibidas por el BCU se incrementaron por cuarto año consecutivo, la mayoría de ellas por situaciones en las que las personas, bajo engaño, fraude o estafa revelan sus claves a terceros y se realizan operaciones no consentidas, así como casos en que se opera con una tarjeta hurtada.

Recientemente se aprobó en nuestro país la ley 20.327 que dicta normas para la prevención y represión de la ciberdelincuencia. Aunque valorables en su espíritu, algunas medidas de esta ley podrían ser perjudiciales, como la tipificación de demasiados y redundantes delitos, la creación de un registro de ciberdelincuentes sin la garantías debidas, y la promoción de una Campaña Nacional Educativa que deja afuera al Banco Central del Uruguay.

Para AEBU, una buena política pública de educación financiera mejora la toma de decisiones de los usuarios con respecto al ahorro, inversión y gastos; disminuye la acumulación de deudas y genera una gestión más efectiva de las finanzas; previene fraudes, reduce el estrés financiero y otorga mejores herramientas y conocimiento necesario para tomar control de su situación económica y mejorar su calidad de vida en general.

Los programas ya existentes desde el Estado, como los desarrollados por el BCU y ANEP son iniciativas positivas, pero no han tenido el alcance que se precisa y han sido insuficientes. Es necesario sumar a la introducción de nociones básicas de educación financiera en todas las etapas de formación, un plan más inmediato y efectivo para alcanzar al conjunto de trabajadores, jubilados y pensionistas, los sectores más expuestos en el proceso de inclusión financiera.

Las propuestas de AEBU

• Educación financiera integral, abarcadora además de conceptos financieros y económicos, educación respecto de conductas financieras saludables.
• Creación de un espacio dentro del BCU que controle a las fintech.
• Protocolización de acciones ante ataques cibernéticos.
• Regulación que vele por la protección de los usuarios ante posibles operaciones fraudulentas de estafas y hackeos.
• Fortalecer los sistemas de seguridad de la información para las instituciones financieras, y fomentar la formación referente a ciberseguridad para usuarios y trabajadores.

Foto: xpendor.com