“En contra de la reforma jubilatoria del gobierno” miles de personas se congregaron esta mañana en la explanada de la Universidad de la República (Udelar) y marcharon luego al Palacio Legislativo, convocados por diversas organizaciones junto al PIT-CNT. Frente al Anexo del Palacio Legislativo se montó un estrado donde hicieron uso de la palabra Lucía Padula, integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y Enrique Méndez, del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT e integrante de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL).

Luego de la oratoria, Radio Camacuá conversó con Daniel Diverio, presidente del Sindicato Único de la Construcción y Afines (SUNCA) que mostró gran satisfacción por la convocatoria y dijo que “fue una gran movilización”, pero “que no arranca ahora, viene de un proceso”, que incluye la instalación de la carpa de la Intersocial desde el 13 de marzo. También destacó que se realizaron actividades en varias localidades en el interior del país. “A medida de que la población va discutiendo y se va interiorizando lo que es esta reforma es claro que aumenta la resistencia”, dijo Diverio y agregó que se demuestra que “el conjunto de los y las trabajadoras encontramos esta reforma muy regresiva”.

Diverio dijo que el ministro Pablo Mieres, titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), es “vocero oficial de la derecha” y que lo que afirma e “intenta maquillar no se sostiene con argumentos” y que “está demostrado que es regresiva para el conjunto de la población”.

La reforma planteada por el gobierno implica el aumento de la edad jubilatoria, de 60 a 65 años; el aumento de la cantidad de años aportados, de 30 a 35; lo que resulta en la gran mayoría de los casos en una importante rebaja de las jubilaciones, entre otros recortes deliberados como la pensión por viudez o la jubilación por discapacidad.

En el caso de sectores como la construcción, con el régimen de jubilación vigente que exige treinta años de aporte y sesenta años de edad, “el 44% de los trabajadores se jubila con edad avanzada, a los sesenta y seis o sesenta siente, o por discapacidad”, explicó Diverio afirmó que ese porcentaje “estará en peores condiciones si se lleva la edad de retiro a los sesenta y cinco”.

En cuanto al nivel de aportación, Diverio afirmó que “es uno de los más bajos”, un 42%: “cada diez años trabajados tenemos más o menos cuatro años y dos meses de aportación”. Explicó que esto se debe a “la forma de contratación”, cuando se culmina una obra quedan “desvinculados”. Actualmente, dijo, esta problemática afecta al 80% de los trabajadores de la construcción.

John Almada, de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Afines (UNTMRA), contó que la organización viene de una larga serie de “225 asambleas”, en “una lucha que se agudiza contra esta reforma y contra el modelo de la desigualdad”. Almada reclamó además la preocupación que existe en el sindicato por “la reforma de la educación, la reforma de la negociación colectiva, que vienen pasando desapercibidas porque todos los galardones se los viene llevando esta injusticia social” donde “el gobierno le ofrece a la población trabajar más años y cobrar menos jubilación, dentro de un abanico de recortes más amplios”.

Es amplísima la variedad de actividades que realizan los trabajadores nucleados en la UNTMRA, la mayoría de estas personas realizan tareas que generan un importante desgaste físico. Almada detalló que es integrada por “metalúrgicos, fábrica de pisos, construcción y reparación naval, talleres y auxilios mecánicos, la industria del plástico, de la electrónica, vidrio hueco, autopartes, automotriz, estaciones de servicio”, entre otros. Almada, que es Secretario de Prensa y Propaganda de UNTMRA, dijo que además estos sectores “ya sufrieron con lo que era la ley de salubridad” en dictadura y que “hoy se tiene en diferentes áreas” trabajadores “con 40 o 50 años que se tienen que prejubilar, que acarrean enfermedades profesionales” por el “desgaste físico, por el esfuerzo y por la contaminación que los trabajadores están expuestos a lo largo de los años” y afirmó que “es una locura ampliar la edad” de jubilación.

Luego del acto, en la tarde, se realizó una actividad en la carpa instalada por la Intersocial organizada por el sindicato metalúrgico UNTMRA y AEBU, donde hablaron Carlos Clavijo, integrante del Equipo de Representación de los Trabajadores (ERT) en el BPS, Elbio Monegal, presidente de AEBU y Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT.

La organización especializada en ambiente Redes – Amigos de la Tierra (Redes AT) presentó hace unos días un recurso de revocación contra la licitación del proyecto Neptuno, que se espera que tenga un efecto suspensivo.

El proyecto Neptuno es cuestionado desde todo el movimiento social uruguayo y también tiene críticas de la academia. Consiste en la construcción de una planta potabilizadora de agua para consumo de la población de Montevideo en el Río de la Plata por parte de una empresa privada, que además de su construcción, tendría a su cargo el mantenimiento. Expertos han advertido sobre varias dificultades de base que tiene el Río de la Plata para la potabilización, pero también es dudoso el impacto beneficioso que tendría sobre la satisfacción de la demanda de agua en Montevideo. A esto se suma las normativas legales, que incluyen la Constitución de la República, que obligan al Estado a ser el encargado de garantizar el agua potable.

En Radio Camacuá conversamos con María Selva Ortiz, socióloga e integrante de Redes AT, que dijo que en el recurso administrativo presentado frente a OSE “se pide la suspensión y la revocación del llamado a licitación por entender que no se han cumplido con todos los procesos que deberían haberse cumplido” y porque no se brindó adecuadamente “la información sobre el proyecto como se debería dar”.

Un tema de derechos humanos fundamentales

El derecho al acceso a la información es lo primero a lo que se refirió Ortíz, pero debe agregarse la importancia del recurso del que se trata este conflicto. “A futuro pondrá el derecho humano fundamental, establecido por nuestra Constitución, que es el acceso al agua por parte de la población”. Esto, explicó Ortíz, que “es recordado como ‘la reforma del agua’ que los uruguayos votamos en 2004”; plebiscito que fue justamente convocado por la ciudadanía “por los procesos de privatización que se estaban dando al este del arroyo Maldonado, donde los servicios de agua y saneamiento los estaban dando empresas privadas, que eran de muy mala calidad y muchísimos más caros que los que brindaba OSE en el resto del territorio, que habían agotado reservas de agua como la laguna Blanca y otras”. En su momento, se consultó a constitucionalistas, especialistas en legislación, y por ello la Constitución de la República establece que “los servicios públicos de agua y saneamiento deben ser prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales”. 

Ortiz explicó que el proyecto Neptuno “es una iniciativa privada”, donde una empresa privada “va a estar tomando agua del Río de la Plata, manteniendo la planta potabilizadora de la que será dueña y OSE tendrá que pagarle un alquiler”. Por lo tanto, “decimos que acá los privados volvieron los privados a los servicios de agua del país y eso ya lo habíamos saneado como ciudadanía, como país, el agua no es una mercancía, no puede generar riqueza para privados porque es un bien estratégico y un derecho humano fundamental”.

El proyecto Neptuno es una “falsa solución” ante futuros déficits hídricos que pueda atravesar el país. Además, explicó Ortiz, “hay una evidencia clara de que si estuviera funcionando esta planta no hubiera podido dar agua potable en estos tres primeros meses del año, en los momentos de estrés hídrico, porque la salinidad del Río de la Plata estuvo siempre por encima de las posibilidades de potabilización del agua, hay que tener claro que esta planta no es una desalinizadora, es una planta de potabilización de agua”. Ortiz explicó que los costos elevados de una planta desalinizadora “no podrían afrontarse” por el país y tampoco “existe la necesidad”. “Tenemos la cuenca del Santa Lucía que no se está administrando bien, no se está cuidando, pero que perfectamente puede seguir abasteciendo así como lo hizo los últimos ciento cincuenta años puede seguir por ciento cincuenta más abasteciendo al área metropolitana”.

“No puede ser una solución desatender la cuenca [del río Santa Lucía] como se está desatendiendo, no se puede estar manejando muy mal como se hizo por ejemplo en el último momento de estrés hídrico, pero también como se viene haciendo (…) Nosotros venimos trabajando en la Comisión de cuenca del Santa Lucía proponiendo nuevas medidas, más drásticas, para que se priorice el agua, como dice la Constitución de la República”, afirmó Ortiz.