Si bien la cobertura de la seguridad social en Uruguay es amplia (cercana a un 90%), existe una diferencia importante en el monto de las prestaciones que perciben hombres y mujeres. Veamos por qué.
Segunda parte de la columna Sobre Género y Trabajo en Radio Camacuá. En esta ocasión abordaremos la seguridad social tratando de entender las claves para verlo desde una perspectiva de género.
Cómo ya bien sabemos, a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) el gobierno puso en marcha un mecanismo para reformar la seguridad social en Uruguay. Se conformó una comisión de 15 expertos que luego de un diagnóstico ya elaborado, se centrará en realizar una propuesta de reforma a la seguridad social.
Ahora bien, centrémonos en analizar desde una perspectiva de género los principales aspectos problemáticos que tiene el sistema de seguridad en nuestro país. Según señala la investigadora de la UDELAR Maira Colacce, por cada 100 pesos que cobran los varones en jubilaciones y pensiones, las mujeres cobran 79.
Esta brecha se explica por varios factores. Lo primero a considerar es que las mujeres cobran en promedio mayor porcentaje de pensiones que los hombres; mientras que éstos perciben mayor porcentaje de jubilaciones. Y como sabemos, las jubilaciones son más elevadas que las pensiones.
Si lo vemos por los números, nos encontramos que el 85% de los hombres acceden a la jubilación, mientras que en el caso de las mujeres solo accede el 61%. Por su parte, el 53% de las mujeres perciben pensiones, mientras que en el caso de los hombres solamente el 7%.
Este acceso mayor a pensiones por parte de las mujeres se da en parte porque el sistema de seguridad social así lo prevé. Verónica Amarante, Doctora en economía, docente e investigadora de la UDELAR; dijo a Radio Camacuá que uno de las explicaciones es que el sistema de seguridad social “está pensado con la idea de una familia tradicional, en donde el hombre era el único que se insertaba al mercado de trabajo y era el proveedor de la familia”.
Lo mismo señala Maria Celia Vence, del Equipo en Representación de los Trabajadores del BPS: “La estructura de la seguridad social está basada en una estructura social y en un mundo del trabajo de la década del 50 o el 60, en donde el hombre proveedor salía a trabajar y la mujer se quedaba en la casa. Esto empezó a cambiar en la década del 90, y hoy ya está bastante más equilibrado, teniendo en cuenta que en el mercado de trabajo tenemos un 52% de hombres y un 48% de mujeres”.
Como apunta Celia Vence, las cosas han cambiado, y en los últimos años se han empezado a desmontar ciertos roles y estereotipos de género. Lo que hizo que la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo haya aumentado de manera sostenida, tanto en Uruguay como en toda la región.
Por lo tanto, la nueva realidad no se ajusta con a la idea con la que se pensaron los pilares que sostienen la seguridad social.
Aunque las cosas han cambiado, aún persisten grandes inequidades de género que terminan repercutiendo en la seguridad social y en las prestaciones a hombres y mujeres. Algunos de estos aspectos tienen que ver con las brechas de ingreso entre hombres y mujeres, las interrupciones en la trayectoria laboral que tienen las mujeres, y la distribución inequitativa del trabajo no remunerado.
Respecto a esto último se observa que las horas de trabajo no remunerado en las trayectorias de vida de hombres y mujeres presentan brechas significativas: cuando hombres y mujeres están separados se registra una brecha de 6 horas más de trabajo no remunerado en las mujeres; pero cuando se juntan y tienen hijos, las mujeres hacen 29 horas más de trabajo no remunerado semanal adicional a la que realizan los hombres.
Según señala Amarante, “la decisión de quién realiza el trabajo remunerado o no remunerado influye sobre los montos de las prestaciones sociales que se reciben. Esto sucede por cómo se decide la distribución dentro de los hogares del trabajo remunerado y no remunerado. Generalmente, el trabajo no remunerado recae sobre las mujeres”, señaló.
“Hay mucha evidencia en el caso de Uruguay que muestra que las mujeres tienen unas trayectorias laborales con muchas más interrupciones que los hombres, o con mayor probabilidad de inserción a tiempo parcial”, dijo Amarante.
Además, el evento de la maternidad tiene consecuencias en las trayectorias laborales de las mujeres, tanto un impacto en los salarios como en la probabilidad de tener un empleo formal.
Los datos señalan que luego del evento de la maternidad, a los 12 meses se registra una caída de 19% en el salario de la mujer, a los 5 años esa caída es de 31% y a los 10 años se registra una caída de 36%.
A su vez, a los 10 años del evento de la maternidad hay un descenso de la probabilidad de tener un empleo formal de 36% (según un estudio de Bucheli y Querejeta). Esta es una, entre otras desigualdades de género que se registran en el mercado laboral.
Se han manejado distintas herramientas para disminuir estas desigualdades de género que repercuten en última instancia en el acceso a prestaciones sociales. Varias de ellas surgen de una ley aprobada en 2008 (Ley N° 18395) que flexibiliza las condiciones para acceder a la cobertura social y además aprobó la bonificación por hijo/a que computa a las mujeres un año trabajado por cada hijo.
Según señaló Amarante, este tipo de medidas “contribuye mucho. Los estudios que se han hecho en Uruguay muestran que ha tenido un efecto muy importante, particularmente para aquellas mujeres que perciben ingresos menores. Mientras que no suceda lo que desearíamos, que es más equidad en el mercado de trabajo, más equidad en el reparto entre el trabajo no remunerado y remunerado, este tipo de medida contribuye a que los resultados no sean tan desiguales o tan inequitativos”.
Por su parte, Celia Vence criticó que esta medida positiva sancionada en la ley de 2008 sea considerada por el actual gobierno como que “erosiona la seguridad social”. ”En la justificación del presupuesto de este gobierno, se dice que la ley de 2008 erosionó el financiamiento de la seguridad social. Es muy preocupante. Que hayan puesto esa palabra no es fortuito, no es una cosa casual”, advirtió.
Otros caminos: jubilaciones y pensiones como un bien ganancial
Otras de las alternativas que pueden aportar hacia una seguridad más justa desde una perspectiva de género es considerar las jubilaciones y pensiones como un bien ganancial.
Este tipo de medidas, que ya se ha adoptado en algunos países consideran los aportes a la seguridad social durante la vida activa de las personas como bienes gananciales, que, en caso de separación o divorcio hay que repartir de alguna manera.
Según señaló Verónica Amarante, tomar las jubilaciones como un bien ganancial “es un camino que se ha llegado en muchos países para solucionar esto de que en muchos casos las mujeres al llegar a las edades avanzadas si hay una ruptura en la pareja tienen altas probabilidades de no tener acceso a tener ingresos”.
Aunque, advirtió que “hay que pensar bien los diseños de esos programas. Porque desde el punto de vista de la autonomía lo que sería deseable es que el aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo es algo que nos gustaría mantener”.
En definitiva, lo que aparece como en el horizonte para seguir avanzando hacia más igualdad y mejor reparto en el trabajo no remunerado es un cambio cultural.
“No son solo estos factores vinculados con las políticas públicas. También hay factores que tienen que ver con las normas sociales o culturales; lo que las personas piensan y cómo conciben cuál es la mejor forma de organizar el cuidado en las familias. Los modelos muy tradicionales son difíciles de cambiar, llevan mucho tiempo”, señaló Amarante, que mencionó cómo en los países nórdicos en conjunto con los cambios en la seguridad social se llevó adelante un proceso de deliberación pública para forjar un cambio cultural.
En esta misma línea, Celia Vence apuntó a procesar estas discusiones a través de un gran diálogo social y no únicamente a una comisión de expertos. “Es una reforma que se está procesando en un ámbito que no queremos. Porque esta comisión de expertos no es un diálogo social, con un intercambio plural, democrático, con todos los actores involucrados”.
Por último, Celia Vence criticó la visión economicista que se trasluce en los integrantes del gobierno en la comisión de expertos y en el diagnóstico elaborado. “Se están buscando políticas puramente economicistas. Es decir, que me cierren las cuentas. Pero si no encontramos un equilibrio entre las políticas sociales y las políticas económicas y financieras, vamos a tener más pobreza y menos distribución de los recursos que tenemos”, advirtió.
