La ley de violencia hacia las mujeres basada en género ha estado en el centro de la discusión política en las últimas semanas. La denuncia falsa que recibió el precandidato frenteamplista Yamandú Orsi ocasionó críticas del oficialismo a la ley e incluso la propuesta concreta del presidente de la República de modificar algunos artículos.

Ante este proyecto de cambiar cuatro artículos de la ley 19.580, en Camacuá Diario conversamos con la magíster, docente e investigadora Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso y referente de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, para conocer qué consecuencias podrían traer estas modificaciones.

En primer lugar, Tuana detectó «un gran entrevero, que no es inocente, que es decir que la denuncia falsa a Orsi tuvo que ver con la ley 19.580», cuando en realidad al exintendente de Canelones «se lo denuncia por un delito de lesiones, no por violencia basada en género».

Para la experta, algunos sectores de la opinión pública «aprovechan esa circunstancia para volver sobre un tema que es que ‘cualquier mujer se puede enojar contigo, te hace una denuncia y vos perdiste todas las garantías'». «Eso es una mentira enorme, que desde hace varios años se pretende poner sobre la mesa. Nadie va preso por el solo relato de una mujer, niño o niña», afirmó Tuana, que recalcó la importancia de «tirar abajo el relato de posverdad de que estamos inundados de denuncias falsas y que los varones han perdido las garantías».

Uno de los motivos esgrimidos por Lacalle Pou para cambiar algunos artículos de la ley es que, desde su implementación en el año 2018, no se han mejorado las cifras de femicidios, argumento que Tuana tildó de «vergonzoso».

«Tenemos una herramienta que es maravillosa a la que no se le dio presupuesto, por ejemplo para trabajar en la prevención, tener juzgados especializados con equipos técnicos, defensores y jueces suficientes» explicó Tuana, que entiende que «decir que la ley no pudo cambiar la situación es una vergüenza, hasta una tomadura de pelo para todas las víctimas».

Una de las modificaciones propuestas por el presidente de la República tiene que ver con la valoración de las pruebas. Sobre esto, Tuana recordó que «una de las cosas que la ley protegió es que no se pueda utilizar ninguna prueba ni pericia para desacreditar la palabra del niño, niña o adolescente». Este proyecto quita esa protección y «reconoce que los niños pueden ser alienados y se le pueden implantar falsos recuerdos».

Otro punto en debate es el artículo que, según la propuesta de Lacalle Pou, obliga a las víctimas a ir al proceso civil solo cuando esté establecida la pena de condena, lo cual «deja en peores condiciones a las víctimas que a cualquier víctima de otros delitos».

Finalmente, Tuana expresó que las voces que ahora critican la ley 19.580 son las mismas «que hicieron lobby para la ley de corresponsabilidad en la crianza» y que «ahora vienen por la derogación de la ley, pero como no se animan a ir a tanto, el primer paso es tocar algunos puntos neurálgicos». «Si esto se aprueba», concluyó la académica y militante, «las víctimas de violencia van a estar cada vez más desprotegidas».

Foto: PIT-CNT